El gran dilema: El Código es la ley, pero ¿Quién paga los platos rotos?
Un smart contract (o contrato inteligente) tiene algo maravilloso: se ejecuta de forma automática e inmutable en una blockchain. Es como una máquina perfecta. Pero ¿qué pasa si alguien es lo suficientemente listo como para explotar un error en su código y le drena todos los fondos?
Aquí viene el desafío: la víctima no es una persona a la que engañaron, sino un programa informático que, paradójicamente, ejecutó su lógica a la perfección. La pregunta es: ¿A quién demandamos? ¿Contra quién dirigimos la acción penal? Este es el gigantesco reto que los smart contracts le están poniendo al derecho contractual y penal tradicional.
Cuando la automatización choca con la ley antigua
Los smart contracts nos prometen transparencia y eficiencia, lo cual es genial. Sin embargo, su naturaleza «autónoma» choca de frente con conceptos legales que tienen cientos de años, como la «voluntad de las partes», el «dolo» (que es la intención de engañar) o la simple «lesión» a alguien. Simplemente no encajan. Por eso, el debate es intenso y tiene grandes frentes.
El problema de quién asume la responsabilidad: Tenemos un nudo legal complicado. Si el código es la ley y se ejecutó tal cual, técnicamente no hay un incumplimiento contractual, ¿verdad? Pero claro, si el resultado es injusto por un fallo (bug) en el código, ¿quién asume la culpa? ¿El desarrollador que escribió ese código defectuoso? ¿El auditor que, se supone, debía haberlo revisado? ¿O la empresa que lo puso a funcionar? Esto no es teoría, hay casos como el famoso hackeo de The DAO, que puso a temblar a todo el ecosistema de Ethereum.
La estafa y la ausencia de engaño a una persona: Luego está el tema penal, que es muy específico. El delito de estafa requiere que engañes a una persona, la induzcas a un error, para que ella misma se cause un perjuicio. El problema es que un smart contract no puede ser «inducido a error»; es código puro.
El Quién vs. el Qué: La gran ventaja es la trazabilidad absoluta, la transacción fraudulenta queda registrada para siempre en la blockchain. Por lo tanto, la labor probatoria se simplifica un montón en cuanto al «qué» pasó. El problema es que se complica muchísimo en el «quién» lo hizo, debido al seudoanonimato de las carteras blockchain. Sabemos a dónde fue, pero no quién está detrás.
Innovación y Seguridad Jurídica de la Mano
Es evidente que los smart contracts nos obligan a una evolución legislativa inmediata. No podemos seguir intentando meter estas nuevas realidades en figuras legales que ya están obsoletas. Necesitamos crear figuras ad hoc, diseñadas específicamente para el ecosistema digital.
En pocas palabras, los abogados y desarrolladores tienen que sentarse a trabajar juntos para construir un ecosistema donde la innovación tecnológica y la seguridad jurídica vayan de la mano, sin hacerse daño.
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